En la Comisión de Fiestas de ayer se rechazó el expediente correspondiente al reconocimiento de 2,2 millones de euros por servicios prestados para el Carnaval de 2008 por Rolo Producciones SL. Habrá que esperar a la resolución de las demandas interpuestas por el empresario para dilucidar si se salda la deuda.
Del estudio de los expedientes con las facturas y memorias presentadas se desprende que los conceptos facturados no se encuentran incluidos en los objetos de contratación de los expedientes tramitados por Fiestas, a excepción de la escenografía, donde no se puede precisar a qué corresponde la factura emitida. Asimismo, el informe advierte de que los importes y conceptos facturados no coinciden con las memorias justificativas y que, según éstas, se observa que los trabajos se efectuaron por terceras empresas.
Cabe recordar que el pasado 26 de julio de 2010 entró en la Fiscalía de la capital tinerfeña una denuncia contra el ayuntamiento con el número 78/2010 por un posible delito de prevaricación solicitando analizar el caso y determinar si hay o no dicho delito.
Además, Fiestas ya decidió, el 23 de diciembre de 2010, rechazar el abono de la deuda ante las conclusiones de un primer informe en el que volvía a exponer que, a pesar del reconocimiento de la deuda pendiente con la empresa, no existía constancia de que los servicios facturados fuesen los realmente efectuados ni existía acreditación de que fuesen los precios de mercado. Facturas que, sin embargo, sí sirvieron para que el consistorio abonara, con anterioridad, una cantidad cercana a los seis millones de euros por otros servicios prestados durante el mismo Carnaval.
Por otro lado, este requerimiento de Anticorrupción coincide con otras dos reclamaciones ante los tribunales interpuestas por el empresario Javier Rolo para reclamar el pago y advertir de que Fiestas no cumplió el acuerdo plenario y que debe resolver el Juzgado de Instrucción número Uno por haber prestado un servicio y no ser abonado. Esta reclamación fue tramitada por el incumplimiento del acuerdo adoptado en el mes de junio de satisfacer los 2,2 millones una vez liquidado el presupuesto de 2009. También en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) está presentada una alegación a los presupuestos municipales de 2010 en los cuales no se contemplaba el pago de la deuda por 2,2 millones de euros.
PERIÓDICO EL DÍA
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