Rolo exige a la capital 2,5 millones por los intereses de una deuda de 2008

El Ayuntamiento de Santa Cruz se enfrenta a un varapalo económico inoportuno por la demanda judicial interpuesta por Rolo Producciones como consecuencia del impago de una deuda contraída en el Carnaval de 2008. Los servicios jurídicos municipales negocian con los abogados de Javier Rolo la cantidad a añadir por intereses, daños y perjuicios acumulados en estos años, una vez que el consistorio admitió la deuda de 2,6 millones.

Los representantes municipales intentan por todos los medios rebajar los más de 2,5 millones extras que piden los representantes del promotor de actividades culturales en el contencioso judicial, una pretensión que doblaría el impago reconocido. Según Javier Rolo, la sentencia estará lista en menos de dos meses.

La Fiscalía ha llamado a declarar a la responsable de Fiestas de 2008, Maribel Oñate (PP), así como al también exedil del área, Norberto Plasencia (CC), y al secretario del Ayuntamiento para que expliquen por qué en la última Comisión del área la partida económica acordada en el pleno de junio de 2010 para pagar a Rolo, que ascendía a unos dos millones, se destinó a otros gastos. "Me pidieron que aclarara ese cambio de decisión, que por lo visto se debió a que las facturas no estaban claras. Yo me abstuve", explicó ayer Oñate.
Rolo dice tener claro que su empresa "cobrará todo lo que el Consistorio le debe por los trabajos realizados en los Carnavales de 2008, más intereses y daños". "El problema ahora está en el cálculo de esto último, pues el Ayuntamiento propone una cantidad y nosotros otra. Pero sí se puede decir ya que esta corporación local, por no haber pagado cuando tenía que haberlo hecho, tendrá que abonar a la empresa más del doble de lo que debía en principio, que eran unos 2,6 millones de euros", señaló el promotor. "De todas formas, no hay dinero que nos haga olvidar todo lo que hemos pasado y cómo ha quedado mi nombre. Le debo a mucha gente porque el Ayuntamiento me dejó colgado después de haber organizado prácticamente toda la fiesta", afirmó Javier Rolo.
Este recuerda que tras el Carnaval que dirigió Rafael Amargo, el Organismo Autónomo de Fiestas, dirigido entonces por el Partido Popular, con la concejal Maribel Oñate como edil del área y Ángel Llanos como responsable de Hacienda, le pidió que "limpiara" la imagen de la fiesta chicharrera tras la desastrosa Gala de la Reina. "Yo gané el concurso público para el sonido y la iluminación, entre otros trabajos, pero ese año el Carnaval empezaba más temprano que nunca y no daba tiempo de sacar los pliegos de diferentes contrataciones, por ejemplo, del escenario del Parque Marítimo", explicó el productor tinerfeño.
"El Ayuntamiento me pidió que les ayudara y yo me encargué de muchísimas más cosas, incluidas las contrataciones de los artistas. Incluso me encargue de la producción entera del primer Carnaval de Día. Y debido a que se cambió de fecha por la lluvia, también tuve que asumir de mi bolsillo los cambios de billetes de los invitados, el gasto de los equipos... En algunos casos no se firmó contrato, pero las facturas están ahí y el trabajo realizado también, y no se nos pagó todo lo que nos debían, dejándonos en la estacada y con un montón de personas esperando a que yo les pagara", cuenta el empresario.
Denuncia
El Partido Popular no saldó toda la deuda con Rolo y con la ruptura del pacto, Coalición Canaria tampoco resolvió los problemas del empresario. Este presentó una denuncia ante la Justicia para poder recuperar el dinero, además de los intereses generados por la demora y además de los daños y perjuicios que, según

Rolo, el Ayuntamiento le ha ocasionado.
Pero además, el empresario critica que nunca ha habido "voluntad" por parte de la corporación local de llegar a un acuerdo. "Esto se podría haber evitado, pero parece que no querían encontrar una solución, ponerle remedio a todo lo que tendrán que pagar ahora", añade.
Fuentes del actual organismo autónomo de Fiestas señalaron que las negociaciones las llevan los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que están en pleno desarrollo y que la intención es rebajar en todo lo posible la cantidad por intereses, daños y perjuicios al promotor debido a la delicada situación económica por la que atraviesa el consistorio.