La comunidad que ganó baraja pedir el suspenso del carnaval

La comunidad vecinal que va ganando el pleito de los mogollones carnavaleros al Ayuntamiento sospecha que el gobierno municipal de Juan José Cardona no se toma en serio la última resolución judicial y que "sólo busca dilatar una solución" para salvar las fiestas de este año. Por eso, a cinco días de la Gala de la Reina, los residentes del edificio Simón Bolívar están dispuestos a pedir la ejecución del auto que les da la razón. Es decir, paralizar el Carnaval.

"Nos han llamado para negociar, pero no descartamos nada después de lo que le hemos leído al alcalde", lamenta decepcionada Yomara García, la abogada de los vecinos. "Si el acuerdo, como ha dicho [Juan José Cardona], pasa por que retiremos los pleitos, lo veo difícil", aseguró ayer la letrada en declaraciones a este periódico. "Estoy valorando cómo vamos a pedir la ejecución de la sentencia, pero no descartamos nada, desde pedir que se suspenda la actividad de los chiringuitos, hasta las galas", advierte.

"Me estoy tomando el fin de semana para reflexionar con serenidad sobre este asunto, pero la primera reacción del alcalde nos ha decepcionado". Yomara García cree que Cardona "utiliza argumentos que son inciertos para decir que el Ayuntamiento ha cumplido con la sentencia" por la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en 2002, con ratificación del Supremo en 2006, declaraba ilegales los mogollones "tanto en el parque blanco [las ramblas Juan Rodríguez Doreste] como en el parque Santa Catalina". A juicio de la letrada, el regidor sólo se refiere al primero de los recintos, cuando en el propio auto se mencionan ambos.

El primer contacto directo del Ayuntamiento con los ganadores del pleito se produjo el viernes por la tarde, más de un día después de que se hiciera público el auto del TSJC y apenas unas horas más tarde de que el alcalde restara cualquier trascendencia a la resolución y garantizara la celebración del Carnaval. "Me llamó un colega de los servicios jurídicos del Ayuntamiento", se limitó a decir la representante legal de los vecinos.

El alcalde quiere negociar

Aunque ni el alcalde ni la concejala de Carnaval, Isabel García Bolta, se han dirigido personalmente a los vecinos ni a su abogada, la intención de Cardona es de sentarse a negociar. Las sensaciones que se proyectan desde el corazón del equipo de gobierno son de plena tranquilidad. De momento se ha decidido recurrir el auto en casación y citar a los vecinos, pero sólo al nivel de la asesoría jurídica.

Y es que desde el gobierno municipal se tiene la creencia de que no se corre el riesgo que en 2006 precipitó el precinto policial de las terrazas carnavaleras en el parque blanco después de que la entonces alcaldesa, Pepa Luzardo, hiciera caso omiso a un auto similar interpuesto por otra comunidad vecinal en vísperas del Carnaval.

Según fuentes municipales, hay una marcada diferencia entre el camino que tomó Luzardo hace seis años y el que pretende emprender Cardona. En 2006 la alcaldesa, convencida de que nadie podría parar los mogollones en las mismas vísperas de la fiesta, ni siquiera intentó hablar con los vecinos para asegurarse de no harían ningún movimiento; y ahora, en cambio, se contactará con los recurrentes. Pero quizá eso no baste.
 Miguel M. Guedes