jueves, 14 de febrero de 2013

La determinación de responsabilidades por el accidente que sufrió Saida Prieto corresponde a la autoridad judicial.

Ante determinadas informaciones aparecidas en varios medios de comunicación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere precisar lo siguiente:

•    La determinación de responsabilidades por el accidente que sufrió la candidata a Reina del Carnaval Saida Prieto, el pasado 6 de febrero, corresponde a la autoridad judicial. En los informes y diligencias realizadas por la Policía Local, en ningún caso se producen acusaciones.

•    Además del material remitido al juzgado, y por orden expresa decretada por el alcalde, la Jefatura de la Policía Local viene recabando de los servicios municipales competentes (Policía Local, Protección Civil, Extinción de Incendios y Fiestas y Actividades Recreativas) informes detallados sobre los hechos acaecidos. Sucede igual en materia de protección civil, con el informe de autoevaluación del plan de seguridad y protección del acto, así como del funcionamiento de su aplicación. A estos dos informes se une un tercero, solicitado a la Dirección-Gerencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, sobre la aplicación de la normativa vigente en la materia al hecho al que se refiere el decreto.

•    Conviene recordar que, desde el primer momento del accidente, la Policía Local cumplió con sus funciones teniendo en cuenta el escenario de los hechos y las complicaciones derivadas de la presencia de numerosos personas en los alrededores del lugar del suceso. Gracias a la eficacia de los agentes se intervino todo el material remitido al juzgado, se identificó a los testigos e incluso se tomó declaración a varias de las personas. También fue posible y necesario retirar el traje de la candidata afectada y almacenarlo en un lugar aislado.

•    La Policía Local puso en conocimiento del juzgado pertinente todo lo acaecido y entregó las diligencias preliminares a la autoridad judicial, quedando a la espera de sus instrucciones. Finalmente se determinó que debido a la necesidad de realizar pruebas periciales específicas se remitieran dichas diligencias a la Brigada Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

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