Los vecinos del Carnaval reclaman 60.000 euros

La factura por el mantenimiento del carnaval en el parque de Santa Catalina superará los 60.000 euros. La cifra ha sido reclamada por la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar en virtud del acuerdo que salvó la fiesta en febrero, según confirmaron fuentes municipales.

La comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, a la que la justicia dio la razón por el perjuicio que el carnaval les ocasiona, ha reclamado al Ayuntamiento más de 60.000 euros por los gastos que generó este año el mantenimiento de las carnestolendas en la zona de Santa Catalina.
Aunque de momento no ha trascendido el concepto de esta cantidad, hay que recordar que en el acuerdo sobre las actividades de carnaval firmado por el alcalde, Juan José Cardona, y los vecinos del citado inmueble, obligaba al Consistorio a abonar los siguientes gastos: limpieza diaria de las instalaciones de la comunidad; honorarios del letrado y procurador de los vecinos desde 2009; los gastos por los informes periciales encargados para la medición de ruidos; el coste del alojamiento alternativo que solicitaran los vecinos -algo que parece que no se demandó en esta ocasión-  y los gastos por la emisión del acta notarial relativa a la instalación de los ventorrillos.



Hay que recordar que tras la firma del acuerdo, el alcalde saliente, Juan José Cardona, aseguró que el coste sería «calderilla» en comparación con el negocio que genera el carnaval. En aquellos momentos se cuantificó en unos 8.000 euros los honorarios de los abogados y en 1.500 euros el estudio sonoro. Y el regidor añadió que «el Ayuntamiento no va a pagar nada que no sea razonable».
En marzo, la concejala de Cultura, María Isabel García Bolta, respondía al grupo municipal socialista, dentro de la comisión de pleno de Políticas de Igualdad que los gastos a abonar a la comunidad de propietarios eran de «cero euros».

El acuerdo que ahora posibilita la reclamación vecinal fue la salida que se buscó para evitar la suspensión de la fiesta, dictada por el juzgado de lo Contencioso 5 de la capital grancanaria el pasado 22 de enero. El pacto con los vecinos fue homologado judicialmente ante el juez que dio la orden de parar la fiesta.

Javier Darriba