El exalcalde llegó a los juzgados «tranquilo, tranquilísimo» y apeló a «dos hechos concretos» para fundamentar la resolución de este contrato con la empresa Drago Producciones, denunciante y adjudicataria del servicio de instalación en junio de 2014 por cuatro años. Por un lado, se basó en el informe técnico contrario a la carpa de esta empresa que enumeró varios incumplimientos del contrato de adjudicación; y por otro lado se refirió a «un asunto entre el vendedor y el comprador de la carpa» que provoca su retirada, «por lo que el concejal delegado de Festejos tomó una decisión, garantizando a un precio más barato que se pudiera celebrar las fiestas de Carnaval, no al frío, sino bajo buenas condiciones».
«Al soco y sonido de nivel». A partir de estos argumentos, Marcial Morales destacó ayer que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario «defendió el interés general y actuó para prestar un servicio público que es celebrar una fiesta, que produce la mayor concentración de gente en la isla, en las debidas condiciones: al soco y con un sonido al nivel de la convocatoria de los actos».
Tanto el actual presidente del Cabildo como los exediles Rafael Páez (hoy consejero de Economía de la Corporación Insular) e Iván Cerdeña declararon como imputados por cuatro supuestos delitos: malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la Seguridad Social. Hoy lo hacen como testigos la dueña de la empresa y el técnico del informe.
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