Condenadas las tres personas que revelaron el parte médico de Saida

Las tres personas que revelaron el parte médico de Saida Prieto, la candidata a Reina del Carnaval chicharrero que en la Gala del 6 de febrero de 2013 estuvo a punto de perder la vida, deberán pagar a la joven una indemnización de 5.000 euros. Así lo ha fallado el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que condena como responsables civiles de un delito de descubrimiento y revelación de secretos a Bolorino Castro, quien fuese en las pasadas elecciones municipales candidato a la Alcaldía de la capital tinerfeña por el partido Sentido Común, a Mario Iznaola Quintana, y a un trabajador del Hospital Universitario de Canarias.


La sentencia del Juzgado de lo Penal es firme, por lo que los tres condenados, para los que la Fiscalía incluso pidió penas de cárcel aunque finalmente estas no han sido establecidas por el juez, no podrán presentar recurso alguno. Deberán, por lo tanto, abonar dicha indemnización, de manera conjunta y solidariamente, a Saida Prieto. Finalizado este procedimiento, aún queda por conocer el desenlace del proceso judicial principal, el denominado caso Saida, en el que están imputados Willy Jorge, el diseñador cuya pirotecnia causó graves quemaduras a la candidata a Reina durante la Gala y lesiones a varios participantes en el acto, y Francisco Trujillo, el exgerente de Fiestas del Ayuntamiento. La Fiscalía ha pedido tres años de cárcel para cada uno de los imputados y exige una indemnización para la joven de 1,3 millones de euros, "de la que deberá responder la Compañía Mapfre, en virtud de la póliza de seguro contratado por el Consistorio, y también este mismo como responsable civil subsidiario". El abogado de Saida Prieto, Juan José Rodríguez, confía en que el juicio se celebre en noviembre.



En relación al procedimiento ya finalizado sobre el parte médico de Saida Prieto, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife, ha quedado probado que el 7 de febrero de 2013 el trabajador del Hospital Universitario de Canarias condenado, de profesión administrativo, se introdujo sin el consentimiento de su titular, "a sabiendas que no estaba autorizado para ello y para fines distintos a su legal cometido", en el historial médico de Saida Prieto. Tomó una fotografía de la pantalla del ordenador en donde aparecía el informe de evolución de la paciente, la cual había sufrido el accidente el día anterior, el 6 de febrero, y en donde se contenían todos los datos médicos relativos a su salud y estado vital. En él se describía pormenorizadamente todas y cada una de las zonas afectadas por las quemaduras, muchas de ellas de tercer y segundo grado en gran parte de su cuerpo, con diagnóstico de gran quemado.

El trabajador del Hospital "no solo accedió a tal información reservada y confidencial sobre el estado de salud de Saida, sino que ese mismo día, y con la evidente intención de ponerlo en conocimiento de terceras personas, se puso en contacto telefónico y de mensajería instantánea whatsapp" con el también condenado Mario Iznaola Quintana, al cual no solo le manifestó verbalmente el estado en el que se encontraba la joven, sino que le envió como archivo adjunto la fotografía previamente tomada de la pantalla del ordenador con el informe de evolución, se indica en la sentencia.

Ambos condenados, "conscientes de que la información afectaba a la intimidad de la paciente y que se trataban de datos sobre su salud, acordaron comunicarle la misma información y archivo a Bolorino Castro", también condenado, "el cual ejercía de periodista en diversos medios de comunicación oral y escrita". Bolorino Castro, "con conocimiento del origen de los datos y de que se trataba del informe médico sobre Saida Prieto, sin autorización alguna de la paciente y con la finalidad de obtener rédito profesional, procedió a publicar en las redes sociales de manera literal el informe de evolución de la paciente, a través de Twitter y Facebook, con lo que consiguió aparecer en diversos programas de televisión, radio y prensa, tanto a nivel local como nacional, con el consiguiente perjuicio para la paciente y su familia de ver dicho documento en todos los medios de comunicación y difusión y al cual ni siquiera tuvieron acceso", se establece en la sentencia del Juzgado de lo Penal. Los hechos fueron denunciados por el gerente del Hospital Universitario el 7 de febrero de 2013 ante la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, por el hermano de Saida y por ella misma.

Eloísa Reverón