
“El informe confirma irregularidades en la contratación de estos artistas [para que actuasen en el Carnaval de Día capitalino del año pasado], pero sobre todo deja bien clara la pertinencia de la denuncia que hemos interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción”, argumentó Trujillo, quien recordó que esta investigación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “apunta hacia las infracciones pero no hacia los infractores”.
Sobre las infracciones detectadas en el informe, el concejal de IU-UP apuntó que, como ya adelantó este periódico, “se recogen con claridad hasta tres causas distintas de nulidad de pleno derecho, cuando bastaría una de ellas para tener esos efectos jurídicos, pero también otra de anulabilidad y una serie de infracciones de distinto signo”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento santacrucero, entonces gobernado por Coalición Canaria, empezó a tramitar este expediente a favor de Radio Club, para finalmente decantarse por un particular llamado Alfredo Moré, un exbailarín del Tropicana que montó una academia de baile en La Cuesta tras afincarse en Tenerife, y al que se acabó abonando más de medio millón de euros.
ÓRDENES
Según desvela ahora el informe municipal, la técnica jurídica del Organismo Autónomo de Fiestas María José Gómez Padilla (a quien se invitó a colaborar en esta investigación por su reconocida experiencia profesional) ha explicado sobre esta duplicidad en el expediente que “lo que se me dice es que no llegó a buen puerto la negociación con Radio Club y que tenía que hacerse con otro representante, con Alfredo Moré”. En cuanto a por qué se aprovechó dicho cambio para subir las cantidades, Gómez Padilla añade: “El importe me lo dieron dado, no pregunto por qué sube o no sube”.
“De cualquier modo, la gran incógnita que sigue abierta es la del rastro del dinero”, recuerda Ramón Trujillo, “porque, como ahora confirma la investigación municipal, las facturas no se presentaron, como era preceptivo, antes de efectuar los pagos, y por lo que se ve tampoco después. Sencillamente, no sabemos a dónde fueron a parar los primeros 250.000 euros, ni a quiénes se pagó con ese dinero ni en qué concepto. Es más, en el informe realizado por el Ayuntamiento “se acredita una irregularidad que, a diferencia de las demás, no es evaluada legalmente [por el instructor], como es, precisamente, esa constatación de la no presentación preceptiva de las facturas antes del abono del primer pago de, exactamente, 250.597 euros”.
El concejal santacrucero entiende que “eso es lo realmente importante, porque en función de cómo se utilizó el dinero se podrán determinar las posibles responsabilidades por las irregularidades comprobadas en el expediente”.
“Por todo ello -insistió-, queda bien claro que sin nuestra iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción no podríamos averiguarlo nunca; se demuestra que es la única manera de saberlo porque, además, el nuevo paso que previsiblemente dará el Ayuntamiento a la vista del informe [la revisión de oficio del mismo para decretar su nulidad, como propone el instructor] tampoco ayudará para despejar de una vez esa incógnita”.

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