Un auto de la Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de este mismo mes da por buenas las actuaciones que el Ayuntamiento de la capital ha llevado a cabo en los últimos años para minimizar el ruido que provocan los mogollones carnavaleros en el parque Santa Catalina. La resolución surge a instancias de una comunidad vecinal de la zona que reclamaba la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que, en 2002, anuló la celebración de actos del carnaval en la trasera de la Casa del Marino.
El auto, de fecha 2 de diciembre pasado, desestima la petición de la comunidad de vecinos del edificio Simón Bolívar, sito en la calle del mismo nombre, cerca donde hoy está el Casino, de ejecución de la resolución del Supremo de hace casi diez años. En el texto del auto se establece que no ha lugar a tal pretensión porque "la Sala no puede hacer pronunciamientos sobre futuribles más o menos incier-tos y, en segundo lugar, porque la sentencia del 22 de julio de 2002 [...] aparece debidamente ejecutada en atención a lo acaecido en los últimos años".Se da la circunstancia de que la misma comunidad vecinal que ahora no obtiene el respaldo de la Justicia sí lo logró en 2005. Entonces, un auto del mismo tribunal ordenó la ejecución de la sentencia del Supremo de 2002, lo que se tradujo meses después, en plenos carnavales, en el precinto de las dos terrazas de copas con música que el Ayuntamiento había autorizado en la trasera del parque Santa Catalina, a la altura de la Casa del Marino. Entonces era alcaldesa Pepa Luzardo.
Pero el 14 de noviembre pasado, el Ayuntamiento alegó en un escrito a la Sala que se habían ido tomando medidas para cumplir con la sentencia del Supremo, como ahora sí reconoce el tribunal. De hecho, desde los carnavales de 2007 en adelante se han suprimido terrazas, chiringuitos y cualquier otro acto en el mismo sector donde se produjeron los precintos judiciales de 2005.
Raúl Gil / Miguel M. Guedes
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