"Confiamos en que los importantes argumentos esgrimidos en el recurso sean atendidos. Tenemos la plena confianza de que el TSJC revisará esa decisión y que, por lo tanto, las actividades nocturnas del Carnaval se van a celebrar en el lugar donde se han venido celebrando durante muchos años", dijo este lunes durante una comparecencia ante los medios de comunicación.
De esta manera, el primer edil hizo especial hincapié en que la previsión municipal continúa siendo que estas actividades, cuya suspensión cautelar no afectada a las galas, sigan siendo en los aledaños del parque.
"No contemplamos en este minuto que se vayan a celebrar en otro lugar --insistió--. No lo contemplamos porque estamos convencidos de que la razón asiste al Ayuntamiento y porque es el lugar natural en el que el Carnaval debe celebrarse".
Además, Cardona, que en todo momento manifestó su respeto tanto por la decisión de los vecinos de quejarse por el Carnaval como la de la justicia de suspender cautelarmente los actos lúdico-nocturnos, mostró su convencimiento de que los argumentos del Ayuntamiento para anular dicha suspensión serán atendidos a tiempo para que puedan celebrarse los mogollones.
No obstante, recordó que el Consistorio capitalino mantendrá este lunes una reunión con la abogada de la Comunidad de Propietarios del Edificio Simón Bolívar Nº 5 para "intentar una vez más" buscar alguna fórmula "que resuelva esta situación de tensión y de conflicto".
"Ya llevamos muchos años --continuó-- inmersos en pleitos, recursos y sentencias del Tribunal Supremo. Entendíamos que estaban suficientemente despejadas las incertidumbres jurídicas que tenía esta situación y les daremos a conocer, una vez más, las medidas correctoras aplicadas por el Ayuntamiento".
En este sentido, el alcalde recordó que el Consistorio capitalino "ha cumplido siempre" las resoluciones judiciales, sean autos o sentencias, vinculadas con las reclamaciones que históricamente han tenido los vecinos, que en esta ocasión han vuelto a recurrir una decisión municipal.
Aseveró aquí que este cumplimiento ha sido tal que en el año 2013 las actividades nocturnas del Carnaval se celebraron en la Plaza de la Música, una medida que, afirmó, "no fue un capricho del alcalde".
"Lo hicimos en cumplimiento de una resolución judicial y a la espera de una decisión última del Supremo, cosa que se produjo satisfactoriamente para los intereses municipales en septiembre de 2013", comentó mientras no se olvidó de las críticas que se recibieron por llevar los mogollones hasta la zona del Auditorio Alfredo Kraus.
Una vez que llegó la sentencia del Tribunal Supremo, después del Carnaval 2013, el Ayuntamiento comenzó a planificar las fiestas de 2014 --al amparo del artículo 50 de la Ley de Actividades Clasificadas [que da cobertura legal a los eventos extraordinarios]-- con un expediente administrativo donde se aprobaron y se publicaron bandos, medidas correctoras, etc.
En concreto, Cardona explicó que el 14 de febrero de 2014 y el 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de la provincia todo el programa de las fiestas con ubicación de actos, horas, medidas correctoras en materia de sonido o el plan de seguridad, todo ello para formalizar la resolución por la que se decide celebrar el Carnaval en el Parque de Santa Catalina y la zona del Intercambiador.
"El Carnaval --prosiguió-- se celebró de forma absolutamente pacífica y sin ningún tipo de recurso o impugnación de los actos administrativos que durante esas fechas previas a la celebración de las carnestolendas 2014 publicó el Ayuntamiento".
El alcalde indicó que la Institución municipal se ha visto "sorprendido" por el recurso que han presentado los vecinos contra una de las resoluciones de febrero de 2014 a tan sólo quince días del Carnaval 2015.
"Es decir, un año y pico después, y tras la celebración del Carnaval 2014, los vecinos solicitan la suspensión cautelar de aquella decisión de la que nació la fiesta del año pasado, sin que éste hubiera tenido ningún tipo de impugnación", observó.
Mostró también su sorpresa por el hecho de que la juez haya accedido a la suspensión cautelar del acto administrativo que lleva un año vigente.
Finalmente, Cardona se mostró convencido de que los tribunales darán la razón al Ayuntamiento y enunció el artículo 728-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretendan alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante.
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