La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tardará unos 45 días –entre un mes y dos meses, según fuentes forenses; más de lo que va a durar el carnaval– en resolver la apelación interpuesta por el Ayuntamiento contra el auto del Juzgado que la semana pasada prohibió los actos lúdicos conocidos como noche de carnaval –los mogollones y los chiringuitos– en los alrededores del parque de Santa Catalina.
Como avanzó este periódico, el auto que prohibe el carnaval en el parque –estimando un recurso de los vecinos que reclaman su derecho al descanso– no queda suspendido por la presentación del recurso, lo que significa que si el Ayuntamiento capitalino se mantiene en su postura actual y abre los chiringuitos en los próximos días –el primer mogollón está convocado para el sábado 7 de febrero; es literalmente imposible que el TSJC tome una decisión antes de esa fecha–, los vecinos pueden acudir al Juzgado de Guardia con el auto en la mano y pedir el amparo de la Justicia, y éste puede ordenar a la Policía el precinto forzoso de los ventorrillos y apercibir al alcalde de desobediencia, como ya le ocurrió a Josefa Luzardo en 2006.
El Juzgado que la semana pasada estimó la petición cautelar de los vecinos y prohibió los mogollones y los chiringuitos en el entorno del parque dictó ayer miércoles una diligencia de ordenación firme admitiendo a trámite el recurso del Ayuntamiento -el que hipotéticamente salvaría los carnavales- y dando a los vecinos un plazo de 15 días hábiles tasados –ni uno más ni uno menos- «para que formalicen su oposición». Ese margen supone que como muy pronto, el 18 de febrero (miércoles de ceniza) el órgano judicial remitirá el pleito a la citada Sala del TSJC. A partir de entonces, la Sala iniciará unos trámites que «en ningún caso va a resolver antes de un mes y medio o dos meses», subrayó una fuente autorizada.
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