La representación legal de Saida Prieto, la candidata a Reina del Carnaval de la capital chicharrera que estuvo a punto de perder la vida en la Gala de 2013 por los efectos pirotécnicos utilizados durante el espectáculo, presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife el escrito de acusación con el que se solicita una indemnización de 2.461.061,58 euros. En dicho documento se establece que los acusados, el diseñador Willy Jorge, en cuyo traje estaba instalada la pirotecnia, y el exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas, Francisco Trujillo, deben indemnizar a Saida con dicha cantidad, "de la que responderá el Ayuntamiento de Santa Cruz y la compañía aseguradora Mapfre".Asimismo, en las conclusiones provisionales, el abogado de Saida Prieto, Juan José Rodríguez, pide dos años y dos meses de cárcel para el diseñador, y dos años, un mes y un día de prisión para el exgerente de Fiestas. A estas condenas se suman la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante dicho tiempo y el abono de costas. Después de que el Juzgado dictase el pasado mes el auto con el que se cerró la investigación del caso Saida, las partes tenían 10 días para formular los correspondientes escritos de acusación y para pedir la apertura del juicio oral. En el de la representación legal de la candidata a Reina, entregado ayer mismo, se acusa a Willy Jorge y a Francisco Trujillo de haber cometido supuestos delitos de lesiones por imprudencia.
En relación al diseñador, se establece que este instaló a su "libre albedrío" efectos pirotécnicos en su traje, el de la candidata Magnolia Cruz, "haciendo caso omiso a las advertencias realizadas en la tienda donde compró los fuegos fríos y obviando las precauciones que se hacían constar en las instrucciones que el mismo artificio portaba en su interior", como el hecho de que debía ser disparado al aire libre. Con respecto al exgerente se determina que, "pese a saber que la candidata número 9 iba a utilizar fuegos fríos, no adoptó las medidas de seguridad necesarias y que eran preceptivas, ni comprobó ni ordenó que se hicieran las pruebas correspondientes en el traje conforme al Plan de Autoprotección del Carnaval".
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En el escrito de la Acusación Popular, ejercida por Izquierda Unida, que fue presentado la semana pasada, se solicitan para Willy Jorge dos años y cinco meses de cárcel; la inhabilitación especial para el desempeño del oficio de diseñador de trajes del Carnaval durante ocho años, y tres meses de multa con cuota diaria de seis euros. Para Trujillo también se piden dos años y cinco meses de prisión, además de la inhabilitación especial para cargo o empleo de gerente en organismos públicos de carácter local, con la incapacidad de obtener otros análogos de carácter insular, autonómico o estatal por ocho años, y tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Acusación Particular indica que los imputados, la compañía aseguradora Mapfre y, de manera subsidiaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz, deben indemnizar en las cantidades que se determinen judicialmente a las víctimas perjudicadas por los efectos pirotécnicos utilizados en la Gala de 2013. La Fiscalía aún no ha presentado su escrito, porque tiene más tiempo para poder hacerlo, aunque los letrados prevén que también se soliciten más de dos años de cárcel para cada uno de los imputados.
Izquierda Unida también ha presentado un recurso de apelación para que el Juzgado determine la "posible responsabilidad penal del concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, del CCN, y de otras personas, así como la posible comisión por conexión de un delito contra los derechos de los trabajadores". Según la Acusación Popular, Ballesteros también debería estar imputado en este caso por introducir en las bases de la Gala de la Reina en el año 2012, "a petición de los diseñadores Willy Jorge y Santi Castro", la posibilidad de utilizar pirotecnia durante el espectáculo "sin recabar los necesarios y preceptivos informes por parte de Protección Civil o de expertos en materia de seguridad que permitieran analizar los mayores riesgos asociados, su carácter autorizable o no y, en tal caso, las posibles medidas de seguridad generales y específicas que cabría establecer".
Con respecto a la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, Izquierda Unida explica que de la investigación practicada, particularmente de las declaraciones testificales prestadas por el personal del Organismo Autónomo de Fiestas así como del propio director de la Gala, Juan Carlos Armas, se desprende que no habían recibido formación alguna en materia de prevención de riesgos laborales asociados a su trabajo como parte de la organización del evento, así como tampoco habían recibido formación específica sobre el contenido y disposiciones del Plan de Autoprotección.
Por otra parte, en el escrito de acusación de la representación legal de Saida Prieto se establece que, además de las graves secuelas físicas que sufre la candidata a Reina del Carnaval, pues esta tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en el 42% de la superficie corporal, sobre todo en el cuello, espalda, glúteos y parte posterior de miembros superiores e inferiores, la joven sufre un trastorno depresivo reactivo. "Predominan síntomas como la afectividad embotada, abandono de cuidados, humor depresivo de intensidad moderada grave, dificultades en el rendimiento cognitivo, hiperactivación vegetativa y desorganización en los ritmos cronobiológicos con incremento ponderal". Saida Prieto está recibiendo tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos, según se establece en el documento.
Eloísa Reverón
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