Vecinos de Vegueta fichan a la abogada del Carnaval para acabar con el ruido

La asociación de vecinos Entorno Mercado de Vegueta ha dado un paso más en su lucha contra las escandaleras nocturnas en el barrio y ha contratado a la abogada Yomara García, la que obligó al Ayuntamiento a negociar con los residentes de la calle Simón Bolívar, tras conseguir que el juez suspendiera los mogollones, paralización que se levantó tras alcanzar el exalcalde Juan José Cardona un acuerdo con los denunciantes. Una portavoz de la asociación de Vegueta aseguró que la paciencia de los vecinos ha llegado "al límite" y advirtió con llevar al fiscal las Campanadas de Verano de previstas para el próximo 14 de agosto, una fiesta que, en cualquier caso, está en el aire porque los empresarios organizadores aseguran que las trabas del Ayuntamiento hacen inviable su celebración.


El gobierno Tripartito ha convocado a los empresarios a una reunión que tendrá lugar a primera hora de la mañana de hoy para buscar una salida al conflicto y posibilitar la celebración de la fiesta. Según Olga Palacios, gerente de la Asociación Vegueta Ocio y Restauración (AVOR), las restricciones que ha puesto el Ayuntamiento al evento "impiden su celebración". El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, asegura por su parte que el Ayuntamiento no ha puesto ningún obstáculo y que sólo ha solicitado a la asociación un plan de seguridad y un estudio de impacto acústico, porque "se ha modificado la propuesta presentada inicialmente".

Los vecinos rechazan un acuerdo ya pactado para celebrar los mogollones

Los vecinos de Simón Bolívar dejaron anoche al Ayuntamiento esperando por la firma de un acuerdo que ambas partes habían aceptado a media tarde y que daba luz verde a los mogollones en el entorno del parque Santa Catalina. El documento prevé que el Consistorio sufrague una serie de gastos, como un alojamiento alternativo durante la fiesta para los afectados por los ruidos, y que admita la presencia de un representante de la comunidad de propietarios en la preparación de las Noches del Carnaval, a cambio de que se retire la queja judicial que llevó a la juez a dictar la suspensión de los bailes en el parque para esta edición.

Tras la adopción de las medidas cautelares por parte de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo nº 5, el pasado 22 de enero, que prohibía las citas nocturnas del Carnaval capitalino, a petición de los vecinos, el alcalde Juan José Cardona y los demandantes se enfrascaron en una ronda de negociaciones que ayer por la tarde parecían haber desembocado en un entendimiento. La representante legal de los propietarios del inmueble envió una propuesta aceptada de acuerdo, que pasado un tiempo retiró.

El Ayuntamiento abre una nueva vía judicial para salvar los mogollones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la revocación de la suspensión de los mogollones que acordó el pasado 22 de enero, a petición de los vecinos del edificio Simón Bolívar, en un auto que ha puesto en jaque la fiesta nocturna del Carnaval capitalino en Santa Catalina. Los servicios jurídicos municipales presentaron ayer en el Juzgado número 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, un escrito que pide "con carácter urgente" la "modificación o revocación de las medidas cautelares", con el argumento de que han variado las "circunstancias".

Para defender esta postura, el Consistorio utiliza la publicación el pasado viernes de una resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la que se enumeran todos los actos de la fiesta y se especifica que quedan excluidas las citas nocturnas, mientras siga en vigor el mandato judicial. Es decir, se esgrime el cumplimiento de la ley para que la juez decida retirar la suspensión, lo que se denomina "apariencia de buen derecho".

Carnaval con carrozas

 El Carnaval del Futuro contará con carrozas que desfilarán en el presente. Después del plante anunciado por la asociación de carrozas y coches engalanados, el colectivo dio por buena la decisión del Organismo Autónomo de Fiestas de retirar la exigencia de un controlador de sonido en cada vehículo, lo que elevaba el coste hasta en mil euros, además de facilitar la segunda preITV que exige el ayuntamiento y asumirá la organización, con un taller móvil.