La Policía denunciará al alcalde por imponer servicios en Carnaval

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) pedirá responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por "la imposición arbitraria de servicios por parte del alcalde de Santiago del Teide", a quien acusan de "vulnerar los derechos laborales imponiendo nuevamente su criterio fuera de los cauces legales y de la negociación, con modificaciones de turnos y cuadrantes laborales". O sea, como ocurrió durante Nochevieja y Reyes, añade el sindicato.

A este sindicato le llama la atención que, "una vez más, esta imposición de modificación de la jornada laboral se haya realizado sin negociación ni aviso previo a los representantes de los trabajadores y aun a sabiendas de que se hace de forma irregular".

Asegura la representación de la CSI-F en la Policía Local santiaguesa que los documentos en los que se ordena a los agentes realizar servicios en Carnaval que no tenían asignados provienen del Negociado de Alcaldía. Sin embargo, los decretos aludidos, añaden, "no cuentan con argumentación jurídica de ningún tipo, no han sido visados por la secretaria municipal y mucho menos en ellos se ofrece a los agentes agraviados la posibilidad de defensa ante tan injusta resolución".



Después de recordar que el alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos, está imputado en varios procedimientos judiciales, la representación sindical de la Policía local señala que Juan Gorrín "no corrige su forma de actuar a la hora de realizar las cosas".

Con la imposición citada, "la Administración, encarnada en la figura del alcalde, incumple, una vez más, el cuadrante de servicio negociado por los legítimos representantes de los trabajadores, por lo que los agentes ya habían realizado con antelación su planificación familiar, la cual se ha visto truncada por esta decisión arbitraria tomada al margen de lo que dice la ley".

Tras acusar al grupo de gobierno de ser incapaz de solucionar los problemas de seguridad que padece Santiago del Teide, la CSI-F responsabiliza de la situación a los integrantes del Ejecutivo municipal porque "ignoran cualquier tipo de solución o salida legal, honrosa y airosa que se les plantea. Solo pretenden salir de una situación problemática, conflictiva o difícil insistiendo en la actitud que los ha llevado a la misma".

Desde la CSI-F, "hartos de esta situación", informaron de que han trasladado los decretos emitidos por la Alcaldía a "manos de nuestros servicios jurídicos, que ya están trabajando para recurrir los mismos y pedir responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en las que hayan podido incurrir, su responsable o responsables hasta sus últimas consecuencias, por este nuevo atropello de los derechos laborales", señalaron en un comunicado oficial.