El Consistorio se ahorra los 2,2 millones que le pide Rolo por el Carnaval del 2008

El Ayuntamiento de Santa Cruz se va a poder ahorrar los 2,2 millones de euros que le exigía Producciones Rolo como pago por los servicios que prestó esta empresa a la capital tinerfeña durante el Carnaval del 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaba el pasado marzo una sentencia firme –contra la que no cabe recurso– que viene a revocar la decisión adoptada en 2012 por el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo. Este fallo condenaba al Consistorio a pagar las cantidades reclamadas por el empresario Javier Rolo, más los intereses de demora. Ahora, esta nueva sentencia del Alto Tribunal canario no solo da la razón a la administración local, sino que también pone fin a una disputa abierta hace años.

La empresa producciones Rolo fue contratada en 2008 por el Organismo Autónomo de Fiestas para que organizara diversos actos de la fiesta más importante de la capital tinerfeña: el Carnaval. En aquella época, Maribel Oñate, quien era concejal de Fiestas, y Ángel Llanos, responsable de Hacienda, se pusieron en contacto con el empresario para que lavara la cara de las carnestolendas del 2007 y, sobre todo, tras la Gala de Elección de la Reina organizada por Rafael Amargo.

A pesar de que Producciones Rolo fue contratada para que se encargara de la iluminación y el sonido tras ganar el concurso público, Javier Rolo afirmó a este periódico en 2011 que también se había ocupado de la contratación de artistas o del Carnaval de Día porque el Consistorio le pidió ayuda.

Cardona recurre al TSJC para celebrar los mogollones en el Santa Catalina

El conflicto de los vecinos del parque Santa Catalina con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por los ruidos del Carnaval continúa sin solución 19 años después de que presentaran la primera queja. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 ha dictado un auto que obliga a la institución a sacar los actos nocturnos fuera del parque y de sus alrededores, pero el gobierno local se resiste a acatar la decisión judicial al considerar que los propietarios del edificio Simón Bolívar número 5 carecen de un derecho subjetivo a decidir las "obligaciones y prohibiciones" del municipio. Por eso la Corporación, tras conocer ayer la medida cautelar de suspensión, anunció que recurrirá el auto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con la finalidad de dejarlo sin efecto para celebrar las carnestolendas tal y como están programadas.

Para ello apelan a la proyección social e "internacional" de estos festejos, considerados Fiesta de Interés Turístico de Canarias por la "gran" respuesta de participación ciudadana, así como a la existencia de un "riguroso plan de seguridad y sonido" para "minimizar" las molestias a los residentes. El Ayuntamiento, según explica en un comunicado, informará de ese plan a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en el recurso de apelación que tiene previsto interponer la próxima semana, aunque ha avanzado que se centra en la regulación del tráfico, un dispositivo especial de limpieza, otro de seguridad, y un estudio sobre la incidencia de la contaminación lumínica y los ruidos en el parque de Santa Catalina, su entorno y Vegueta, al objeto de cumplir los límites fijados en la ordenanza local.

El Ayuntamiento "espera", como "miles" de personas, que la Sala de lo Contencioso Administrativo acepte su recurso para que el Carnaval de 2015 se celebre "con total normalidad". De hecho, durante el día de ayer no se dio ninguna orden para paralizar la actividad o alterar la planificación inicial, pues los operarios municipales continuaron con el montaje de los chiringuitos en la Plaza de Las Islas Canarias, entre la marquesina y el intercambiador de guaguas, que es una de las zonas afectadas junto al Parque Santa Catalina, la Rambla Juan Rodríguez Doreste y la Plaza Comandante Ramón Franco.