IU pide imputar a Fernando Ballesteros por doble imprudencia en el caso Saida

Izquierda Unida, personada en el caso Saida como acusación popular, ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que las imputaciones por las graves quemaduras que sufrió la candidata a reina en la Gala de 2013 alcancen también al entonces concejal delegado de Fiestas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros Ballester.

En el recurso, que deberá resolver la Audiencia Provincial, se solicita que quede en suspenso el plazo de diez días para formular escrito de acusación, con su petición de apertura de juicio oral. No sólo pide que se interese la deducción de testimonio íntegro de las actuaciones, que es un nuevo análisis de las pruebas disponibles, sino que se apunta a la posible imputación de otras autoridades relacionadas con la seguridad o la responsabilidad de la Gala, incluso el director de la misma, Juan Carlos Armas

El juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife dictó a comienzos de año el auto judicial por el que daba por cerrada la investigación del caso Saida, y se acusaba de lesiones graves por imprudencia a Guillermo (Willy) Jorge, diseñador del traje que llevaba dos aparatos de pirotecnia, ni autorizados ni dejados de autorizar, y que prendieron en el traje de Saida Prieto, y al ex gerente del Organismo Autónomo de Fiestas, Francisco Javier Trujillo,que no habría comunicado la presencia de los artilugios a Bomberos ni a Protección Civil. La pena para ambos oscila entre seis meses y tres años de prisión, indemnizaciones aparte.

El escenario de la Gala se barrió a los 3 minutos de ocurrir el incendio

El “contundente” informe realizado por la Policía Nacional sobre lo ocurrido en la noche del 6 de febrero, en la que Saida Prieto resultó herida de gravedad durante la celebración de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, no deja lugar a dudas de que por un lado, “la descoordinación entre la gerencia y la concejalía de Fiestas es la causa directa del accidente”, y por otro, “que la actuación de la Policía Local sólo puede ser calificada de chapucera desde el principio y hasta el final”.

Al menos esta es la valoración que José Manuel Corrales y José Manuel Pérez Ventura, edil de IU-XTF y coordinador insular de IU respectivamente y actores ambos de la acusación popular, hacen del citado informe ya incorporado al sumario del caso Saida. Pérez Ventura quiso ejemplificar las críticas a la “desastrosa” investigación hecha por la policía local señalando una parte del atestado de la Policía Nacional en el que se refleja que: “el primer policía local llegó a los dos minutos de sofocado el incendio y a los tres minutos ya se estaba barriendo el escenario con la consiguiente destrucción de pruebas”. Es esta cadena de acontecimientos la que lleva a la Policía Nacional a aseverar que se procedió a la destrucción de pruebas, a que se dieron contradicciones en las declaraciones, que los mandos policiales omitieron las normas más básicas de actuación en este tipo de sucesos o que se destruyeron pruebas.

Todo esto, aseguró Corrales, es motivo más que suficiente, para que desde IU-XTF se pida que el alcalde, José Manuel Bermúdez, “destituya de manera fulminante al concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, porque si algo queda claro en la investigación es que existe una causa-efecto entre la descoordinación de gerencia y concejalía y el resultado del accidente que como los investigadores señala, pudo ser una tragedia mayor”. Corrales señaló que la segunda conclusión que extraen de este informe es que, “ante las irregularidades detectadas en la actuación de la policía local, pedimos a la concejal de Seguridad Ciudadana que abra una investigación profunda sobre las graves contradicciones y la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas o la destrucción de éstas últimas”. Si no lo hace, añadió, será ella quien asuma personalmente lo sucedido”.

Pérez Ventura apuntó que “vamos a solicitar además que se abra un expediente sancionador a los mandos de la Policía Local y que se les suspenda de empleo y sueldo mientras dure la investigación”.

La última de las conclusiones que detalló Corrales tiene que ver con el plan de autoprotección: “Es necesario que cada uno de los espectáculos públicos que tengan lugar en la ciudad tengan su propio plan de autoprotección porque los accidentes son evitables y no puede haber mala comunicación o descoordinación”, señaló el concejal.

EVITAR QUE VUELVA A PASAR

El letrado Pérez Ventura justificó que IU-XTF ejerciera la acusación popular porque “tenemos que evitar que haya otras Saidas”. El también coordinador insular de IU señaló que el informe aportado por la Policía Nacional viene a demostrar que “el Ayuntamiento dio datos incompletos con el fin de ocultar su responsabilidad”. Según el abogado, “el informe confirma que el diseñador Willy Jorge, sí pidió permiso para usar fuegos fríos y que ésta le fue concedida y es ahí donde está la primera gran mentira del gobierno municipal”.

El segundo punto de luz que arroja el informe de la Policía Nacional sobre lo ocurrido en la Gala, según Pérez Ventura, tiene que ver con la “descoordinación total entre concejalía de Fiestas y gerencia, en la medida que la autorización no supuso activar los mecanismos de seguridad que llevaba aparejado el uso de este tipo de mecanismos”. El letrado señaló que, mientras en el terreno judicial se sigue dirimiendo lo ocurrido, en el plano político, “no es aceptable que Fernando Ballesteros siga siendo concejal, si él no puede o no le dejan dimitir, que sea el alcalde quien asuma esa acción”.

Añadió el letrado que “queda en evidencia que la actuación de la policía municipal ha sido una chapuza desde el comienzo hasta el final”.

“Se produce el accidente y a los dos minutos llega el primer policía y a los tres ya se estaba barriendo y el jefe de la Policía Local dice que no se pudo coordinar porque había muchagente y periodistas”, concluyó.

Ballesteros puede ser imputado

A la luz de lo detallado en el sumario del caso Saida y la responsabilidad que parece recaer sobre el concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, el abogado José Pérez Ventura, no descarta que la jueza lo termine imputando en el transcurso del proceso judicial. “Es la jueza la que decide las imputaciones pero desde luego hay posibilidades de que suceda de que Ballesteros sea imputado”. Por su parte, Corrales apuntó que esta posibilidad, “es más que suficiente para que se produzca la destitución o cese de Ballesteros y estoy seguro de que el alcalde lo hará antes de que llegue el viernes”. El edil de IU-XTF aprovechó para señalar que si el alcalde no ha destituido a Ballesteros hasta ahora es porque “es rehén del CCN”, una situación para la que ofreció su colaboración.

Natalia Torres

Denuncian destrucción de pruebas en el accidente en el que se quemó la candidata a reina

 IUC-Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife denunció este martes que en el informe de la Policía Nacional sobre el accidente en el que sufrió quemaduras de carácter grave una candidata a reina del carnaval de la capital tinerfeña se dice que se destruyeron pruebas.


El concejal de IUC-Por Tenerife, José Manuel Corrales, indicó en rueda de prensa que el informe de la Policía Nacional es "contundente" y también se dice que la causa del accidente fue la descoordinación entre la Concejalía de Fiestas y la Gerencia, pues la primera no comunicó que se había permitido el uso de fuego frío en uno de los trajes.

José Manuel Corrales pidió la dimisión "fulminante" del concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, del Centro Canario, afirmó que si no es así el responsable político del accidente será el alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria.

La Policía Nacional, añadió Corrales, también dice en el informe que se rompió la cadena de custodia y que los hechos se han reconstruido más por la labor de los medios de comunicación que por la investigación de la Policía Local.

Si Fernando Ballesteros no es destituido el alcalde demostrará que no quiere que se sepa la verdad de lo sucedido y que tiene "miedo" a la repercusión que esa decisión puede tener en el equipo de gobierno municipal.

Además, José Manuel Corrales reclamó que la concejal de Seguridad Ciudadana, Carmen Delia González, abra una investigación "profunda" acerca de la actuación de la Policía Local, ya que se rompió la cadena de custodia y se destruyeron pruebas, según el informe de la Policía Nacional.

El abogado de la acusación particular José Pérez Ventura, que es coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Tenerife, elogió la labor realizada por la Policía Nacional que ha confirmado que el diseñador del traje que originó el incendio había recibido la autorización para usar fuego frío.

José Pérez Ventura se mostró respetuoso con la presunción de inocencia pero afirmó que la lectura política de lo sucedido es que Fernando Ballesteros no puede continuar como concejal.

Para el abogado queda en el aire la respuesta a la pregunta de quién dio la orden de que continuara la gala tras el accidente.

IUC recuerda que ya predijo el fracaso de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria

Izquierda Unida Canaria tras varios comunicados y ruedas de prensa ya predijeron que la privatización de los carnavales supondría un fracaso

La Asamblea de Las Palmas de GC de Izquierda Unida Canaria denunció, antes de que comenzara el carnaval, que su privatización creciente y su alejamiento ciudadano, conducían irremediablemente al hundimiento de la fiesta popular. Y el tiempo no ha hecho más que demostrarlo.

Pero el fracaso no se debe tan sólo a la entrega de los servicios de gestión de chiringuitos a una empresa privada, sino a la incompetencia del Partido Popular.

La separación de las zonas del Carnaval, la segregación, las colas interminables, el que los “indeseables por la empresa de seguridad” se quedasen fuera de las zonas de ocio, el encarecimiento de los servicios, la uniformidad, etc. han provocado el desapego creciente de la población por su Carnaval y la pérdida de una gran cantidad de dinero por parte de los pequeños y medianos empresarios que apoyan al Carnaval. Los mismos negocios que se pretendían beneficiar con la nueva política también han tenido pérdidas como el resto de comerciantes que antes tenían su gran momento en estas fechas.

La organización quiere recordar que el intento de privatizar el Carnaval no es nuevo, sino que se trata de un paso más dentro del proceso en el que han participado, a lo largo de los años, alcaldes tanto del PP como del PSOE. Pero la intención de conseguir un Carnaval de calidad privatizado, ha fracasado.

La ciudadanía exige la vuelta a un Carnaval del pueblo frente a un Carnaval de la empresa, en donde éste se sienta participe y no una mera “comparsa” de las decisiones de los políticos de turno. IUC propone que sean los diferentes grupos del carnaval los que marquen las líneas de la organización del carnaval y que los actos televisivos no sean el motor de la fiesta, sino la consecuencia.

IUC llama a una ´rebelión carnavalera´ en contra de las privatizaciones

Izquierda Unida Canaria (IUC) realizó ayer un llamamiento a la "rebelión democrática carnavalera", en el que las organizaciones y asociaciones de esta fiesta exijan la vuelta a un carnaval del pueblo frente a lo que consideran "un carnaval de la empresa".

El portavoz de IUC, Germán Santana, afirmó que la gestión en los últimos años de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria es "una metáfora de las políticas neoliberales practicadas en el municipio" y que, a su juicio, están llevando al Carnaval "a la pérdida de su esencia y a su destrucción". Para Santana, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP apostaron desde hace años por la privatización de los servicios y espectáculos del Carnaval. "Los últimos episodios pasan por vallar y vigilar con seguridad privada un nuevo recinto para un aforo limitado en la capital", señaló. "La concesión a una empresa de la organización de la única zona de chiringuitos es un paso más en el proceso de privatización y de desmantelamiento de la red popular del carnaval", dijo.

Según Santana, el Ayuntamiento quiere con esto limitar los botellones y evitar el acceso a los "indeseables". "Una práctica que nos recuerda a las viejas Fiestas de Invierno de la dictadura, en las cuales los ricos asistían a unos bailes de acceso restringido. Detrás de esta y otras medidas lo que se busca es formalizar un carnaval para ricos y otro para pobres", concluyó Germán Santana.