Cuando la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culminó en tiempo récord, en una frenética mañana, el expediente de contratación del concierto que ofrecieron el cantante dominicano Juan Luis Guerra y la banda cubana Orishas en la penúltima edición del popular Carnaval de Día de la capital, la de 2019, faltaban apenas cien días para la celebración de elecciones municipales. El gobierno municipal, liderado por Coalición Canaria (CC) -en alianza con el Partido Popular (PP)-, pagó esa misma fecha (el 14 de febrero) la primera factura presentada por el productor Alfredo Moré, el bailarín cubano que, avalado por la directora del grupo Prisa en Canarias, había resultado adjudicatario de un contrato que se tramitó a través de un procedimiento negociado sin publicidad y por la vía de urgencia. Ese primer abono ascendió a 250.597,16 euros, exactamente la mitad del precio del concierto, que fue de 501.194,33 euros.Ni el importe ni el adjudicatario fueron, sin embargo, los que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas que obra en el expediente. En este documento aparece como contratista Radio Club Tenerife-Cadena SER, organizadora del evento, por un importe de 412.378,64 euros. Es decir, cerca de 89.000 euros menos de los que realmente se pagaron con dinero público. Después de que, a finales del pasado mes de octubre, se conocieran algunos de los detalles de esta contratación, el gerente del Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) en el momento de los hechos, José Ángel Alonso, se apresuró a asegurar que se trataba de un error y a aportar acto seguido un segundo pliego técnico, no foliado en el expediente, con el precio incrementado y el nombre de un productor local poco conocido que, sin embargo, contaba con el aval de una certificación de solvencia económica firmada por Lourdes Santana, directora en Canarias de Prisa, el mismo grupo de comunicación que tan solo unos días había renunciado en favor de este intermediario.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por Unidas Podemos, ese sobrecoste y las extrañas circunstancias que rodearon esta operación, el oficial mayor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el funcionario con habilitación nacional que ha instruido la información reservada abierta en la corporación local a raíz de las noticias publicadas por varios medios de comunicación, ha propuesto anular el expediente ante las "diversas irregularidades" en las que incurrió el órgano de contratación. Esta revisión de oficio podría conducir, según fuentes municipales consultadas, a la apertura de otro procedimiento para la reclamación de cantidades indebidamente cobradas. Sus conclusiones serán, además aportadas al Ministerio Fiscal por parte del Ayuntamiento.
